Capacitacion Notariado y Registro

martes, octubre 10, 2006

Etapas de la escritura pública

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Etapas de la escritura pública

Para que un documento se convierta en escritura pública, es fundamental cumplir con unos requisitos formales que conducen a su realización total. En este sentido, legal y doctrinariamente se reconoce un proceso de formación de la escritura púbica, compuesto de varias etapas. La ley colombiana reconoce cuatro: recepción, extensión, otorgamiento y autorización. Es importante anotar que estas etapas pueden variar según el ordenamiento jurídico de cada país, por ejemplo, en España la doctrina reconoce cinco etapas de formación del instrumento público, y Guillermo Cabanellas en su Diccionario enciclopédico de derecho usual también divide el proceso de formación de la escritura en cinco partes: comparecencia, exposición, estipulación, otorgamiento y autorización. Antes de analizar casos de otros países, se explicará cada una de las cuatro etapas que establece el estatuto notarial colombiano.
Recepción
Conocida en otras legislaciones como comparecencia, se entiende como el momento en el cual el notario recibe la declaración de voluntad de las partes que van a intervenir en el negocio jurídico, constituyéndose así en un deber por parte del notario de escuchar la declaración, teniendo en cuenta que pueden existir casos en los que sea necesario que el otorgante aporte documentos y relate antecedentes. A partir de la etapa de recepción, el notario adquiere la facultad de intérprete, orientada a obtener la verdadera voluntad de las partes.
Se observa que en la recepción tiene importancia el principio de rogación, con las limitaciones que la ley establece, como la competencia territorial, el reparto cuando se trata de actos en los que intervienen entidades públicas, o la afinidad de alguno de los otorgantes con el notario. Es posible que la creación de la escritura pública se detenga en esta etapa, si el notario advierte que no es competente para autorizar el acto. Otro caso en el cual la formación de la escritura no llegue a superar la etapa de recepción, puede darse cuando uno o varios de los otorgantes sean incapaces absolutos.
Esta etapa implica la comparecencia de los intervinientes cuyos datos, tales como nombres, apellidos, estado civil, edad y domicilio deben quedar consignados en la escritura pública. Pueden comparecer de manera personal actuando en nombre propio, mediante mandato o poder conferido a otra persona o por medio de representante legal en el caso de un menor o de personas jurídicas.
En este punto, es oportuno recordar la importancia de la identificación de las partes: Si no es posible vincular el instrumento público con los otorgantes, se pierde la finalidad del documento. Jurídicamente es irrelevante contar con la escritura pública y las declaraciones contenidas en ella, si no tenemos certeza de que corresponden a las personas que las han formulado. El tráfico jurídico se basa en la presunción de que esta etapa se cumplió a cabalidad, que compone la presunción de autenticidad que se predica de toda escritura pública debidamente autorizada, presunción que sólo podrá ser desvirtuada en juicio. El derecho notarial concede gran importancia a la identificación de las partes, tanto así que
en Colombia, según el artículo 99 del Estatuto Notarial, es nula toda escritura en la que no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o de sus representantes. Disposiciones similares se pueden encontrar en otros países que adoptaron el modelo del notariado latino.
Vale la pena recordar que, tradicionalmente, el notario debía dar fe de conocimiento, es decir, le era prohibido autorizar instrumentos en los que intervinieran personas no conocidas por él. En algunos casos, se le permitía al notario obviar este requisito, siempre y cuando el ciudadano no conocido por él se acercara con dos más que atestiguaran sobre la identidad del otorgante. Por supuesto, se trataba de sociedades y épocas en las cuales no estaba generalizado el uso de documentos de identificación, que sólo era exigido a la hora de ejercer el derecho al sufragio. Es posible que la división de las regiones en círculos notariales sea consecuencia del deber de dar fe de conocimiento.
¿Cuál es el alcance del deber de identificación del notario? En rigor, llega hasta que realice una identificación suficiente y diligente, la cual se entendería cumplida con la exhibición del documento de identidad y su examen general por parte del notario. No pueden exigirse requisitos como la toma de huellas o la aplicación de dispositivos de identificación biométrica, que han venido adoptando varias notarías. Valdría la pena examinar si estos artefactos no van en contra del habeas data o del derecho a la protección de datos personales, pues el notario no responde ante nadie sobre el uso que haga de la información que almacene en sus servidores, ni está sujeto a ninguna regulación al respecto, pues a marzo de 2006 aún no se había expedido la ley estatutaria que regulara todo lo relativo al habeas data. Por supuesto, no se discute la funcionalidad de los mecanismos de identificación basados en las nuevas tecnologías, que con toda probabilidad son más útiles para la disuasión que para la detección del fraude, pero es necesario reglamentar su uso para evitar problemas derivados de la utilización malintencionada de los datos almacenados.
Recapitulando, en los procedimientos de identificación de los otorgantes sólo es dado exigir al notario que forme su juicio de acuerdo con las circunstancias particulares, pudiendo indagar con todo respeto a los otorgantes, pero sin exceder esta facultad ni incurrir en conductas que puedan vulnerar la dignidad o el honor de quienes a él acuden. Para mayor ilustración, conviene repasar lo que sobre el tema de la identificación de las partes concluyó el Congreso Internacional del Notariado Latino celebrado en Madrid en 1950:

  • Es función y deber del notario cerciorarse de la identidad de los comparecientes y hacer constar en la escritura su calificación, dando fe de conocerlos
  • En la escritura el notario manifestará que conoce a los comparecientes y que son las personas que por nombres y apellidos se expresan en el documento
  • El notario formará su convicción respecto de la identidad de las partes, por los medios directos o indirectos que las leyes autorizan
  • Cuando el notario no pueda calificar por juicio propio la identidad de los otorgantes, deberá acudir a los medios supletorios que las leyes establecen
  • El notario está sujeto a responsabilidad penal cuando al dar fe de conocimiento cometiere falsedad dolosa, a sabiendas de que no es la persona que se expresa en el documento, con intención de crear una prueba fraudulenta
  • El notario está sujeto a responsabilidad civil cuando mediando culpa o negligencia de su parte, cometiere error en la autenticidad del conocimiento. La diligencia que ha de prestar, es la normalmente exigible a un funcionario escrupuloso

A continuación, se explicarán los requisitos específicos establecidos por la legislación colombiana. Las personas naturales deben identificarse con el respectivo documento legal. Actualmente, de acuerdo a lo señalado por la ley 962 de 2005, los nacionales colombianos menores de 14 años de edad se identificarán presentando el registro civil de nacimiento, los mayores de 14 años y menores de 18 años presentarán su tarjeta de identidad, y para los mayores de edad será necesario presentar la cédula de ciudadanía, todos documentos expedidos bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No se menciona para nada el pasaporte, documento que si se acepta para los extranjeros, y que en muchos casos ofrece más certeza de la que podría garantizar la cédula laminada que se expedía hasta 1993, con la que en 2006 todavía cuenta una gran parte de la población.
En cuanto a los extranjeros, pueden identificarse con tres tipos de documentos dependiendo de su tipo de visa: los titulares de visa con vigencia superior a tres meses, salvo los visitantes y titulares de visa preferencial, con cédula de extranjería expedida a los mayores de edad por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los titulares de visa preferencial con carné expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los demás extranjeros se identificarán con el pasaporte vigente.
En caso de representación es necesario manifestar su alcance y presentar los documentos que confieren dicha representación, así como los datos de la persona natural que va a ser representada, y en cuanto a las personas jurídicas siempre será requisito indicar su domicilio y naturaleza. A continuación, serán señalados los documentos que se deben presentar para acreditar cualquiera de las clases de representación.
Por regla general es indispensable que el menor de edad comparezca con sus representantes legales. Las disposiciones legales correspondientes han señalado que de manera conjunta le corresponde a ambos padres la representación del hijo menor de edad en situaciones como las relativas a los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial. Sin embargo, es permitida la delegación de la representación de uno de los padres a favor de otro, lo cual debe constar por escrito. En algunos negocios jurídicos señalados por el código civil como por ejemplo, la venta o hipoteca de bienes inmuebles del menor, los representantes legales requieren de autorización judicial. Para todos estos eventos en los que los padres representan a los hijos o éstos son representados legalmente por un curador o tutor, los representantes deberán acreditar dicha calidad con los respectivos registros civiles de nacimiento que demuestren el parentesco, o la providencia judicial que establece dicha representación, documentos que serán incorporados en el protocolo notarial. No obstante lo anterior, en algunas situaciones el menor de edad comparece sin la compañía de sus representantes legales, como por ejemplo, el menor de edad que por medio de escritura pública reconocerá al hijo identificándose con la tarjeta de identidad indicando el número de años cumplidos.

En el caso de las personas jurídicas, deberán señalar la clase de representación, presentando los documentos que así lo acrediten, es decir, se identificarán con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio, como lo dispone el artículo 117 del Código de Comercio, señalando su domicilio y naturaleza, dicho documento deberá incorporarse en el protocolo. En el evento en que no actúe por medio de su representante legal, el compareciente deberá acreditar el respectivo poder o mandato por medio del cual actúa. La misma circunstancia se predica para las personas naturales.
El representante de alguna institución estatal o de derecho público deberá acreditar dicha calidad presentando el decreto en el que se le nombra y toma posesión del cargo, así como también, el certificado expedido por la máxima entidad del sector (Ministerio o Departamento Administrativo) en el que se le otorga la calidad de representante de la entidad.
El Estatuto Notarial en su artículo 24 ofrece una excepción a la regla general de la identificación con los documentos ya mencionados. En este sentido, prevé en caso de urgencia la falta del documento especial de identificación, circunstancia en la que el notario podrá identificarlos con otros documentos auténticos o mediante la fe de conocimiento por parte suya (también llamada identificación subjetiva, por contraste a la identificación objetiva que se realiza mediante el estudio de documentos de identidad). Se debe tener en cuenta que la fe de conocimiento sólo garantiza la identidad, pero no responsabiliza al notario de los otros "generales de ley", como lo relativo a la edad (de todas formas, el art.. 26 del estatuto dispone que el número de años cumplidos se anotará sólo cuando se trate de menores adultos, o de adoptantes y adoptados en las escrituras de adopción) estado civil, domicilio, profesión o parentesco, datos que suministrará el propio interesado y que no comprometen la responsabilidad del notario, al no estar dentro del alcance que la ley reconoce a la fe de conocimiento. Por supuesto, la fe de conocimiento no sirve para acreditar representación legal, que está sujeta a una normatividad especial y a requisitos específicos para demostrar la calidad de representante, mandante o apoderado.
Hecha esta aclaración, en el proceso de identificación corresponde al notario analizar si la situación amerita ser calificada como urgente para proceder con la aceptación de los documentos auténticos supletorios del documento especial de identificación. En este sentido, como excepción a la regla general, en caso de urgencia los intervinientes podrán identificarse con algún documento auténtico como por ejemplo, la licencia de conducción.
La misma norma le concede al notario la posibilidad de exigir la tarjeta militar cuando fuere el caso para ello, pero al respecto se debe tener en cuenta lo previsto por el decreto 2150 de 1995, que establece taxativamente las cuatro situaciones en las que se exige la presentación de la tarjeta militar, entre las cuales sólo se encuentra una que podría requerir la intervención del notario: La toma de posesión de un cargo público, pues el artículo 94 de la ley 136 de 1994 permite a los alcaldes posesionarse ante notario. Es decir, está prohibido al notario exigir la tarjeta militar como requisito para la celebración de cualquier otro acto o negocio.
En esta etapa de recepción, la doctrina reconoce que el notario realiza un juicio de capacidad sobre los otorgantes. Aunque la ley es clara al establecer que el notario no responde de la capacidad o aptitud legal de los comparecientes para celebrar el acto o contrato respectivo, también faculta al notario para no autorizar la escritura si observa que puede darse una de las causales de nulidad absoluta del acto, entre las cuales se encuentra la incapacidad absoluta, por lo cual este juicio de capacidad tiene importancia en la recepción del acto, pues basado en éste puede el notario abstenerse de autorizar la escritura, para proteger precisamente los intereses del incapaz absoluto.

Extensión
El notario, con base en la manifestación de la voluntad de las partes, elabora y redacta con claridad y precisión el instrumento que debe contener las estipulaciones relativas a los derechos constituidos, transmitidos, modificados o extinguidos, el alcance de ellos y de las obligaciones que los otorgantes asuman. De ser necesario, sirve de asesor jurídico para incluir los requisitos del negocio o acto jurídico que desean celebrar. También puede suceder que los interesados presenten al notario una minuta con el acto que se va a celebrar, la cual debe ser revisada por éste.
La creciente estandarización de las cláusulas de los contratos de compraventa y constitución de sociedades, así como la intervención de las entidades financieras en el negocio de compraventa de inmuebles, y el fortalecimiento del negocio de las agencias inmobiliarias, hacen que hoy en día la gran mayoría de las personas aporten, en medios magnéticos, ópticos o similares, la minuta del negocio que se elevará a escritura pública, que sufre alguna o ninguna modificación por parte del notario. En este punto del documento, podemos plantear un interrogante: ¿La redacción de la escritura pública por uno de los otorgantes, vulnera el principio de autoría? Una de las características principales de la escritura pública es que tiene por autor al notario, quien con su autorización transforma un documento privado en un instrumento público notarial. Creemos que, si el notario lee con diligencia la minuta que traigan las partes, y verifica con rigor e imparcialidad que no perjudique a los interesados o a terceros, incorpora elementos suficientes de su conocimiento profesional como para que desde ese momento se le considere el autor del documento. Es decir, la minuta entra a la notaría como un documento cuyo autor no puede ser el notario, pero inevitablemente, el instrumento que sale de la notaría convertido en escritura pública tiene como autor al notario, así no haya sufrido cambios de ninguna naturaleza en su contenido.

Hay que observar que el Estatuto Notarial dispone que al encontrarnos frente a una compraventa, gravamen o limitación de bienes inmuebles, éstos deberán identificarse por su cédula o registro catastral si lo tienen, por su nomenclatura, paraje o localidad donde están ubicados, y por sus linderos. Es en este momento en el que el declarante que dispone, grava o afecta el inmueble, indica el título de adquisición con los datos de su registro; si carece del título inscrito, deberá expresar esta situación e indicará la fuente de donde pretende derivar su derecho. Así mismo, dicha normatividad señala, que le corresponde al disponente manifestar la existencia de gravámenes, derechos de usufructo, uso y habitación, servidumbres, limitaciones o condiciones y embargos o litigios pendientes, y en general, toda situación que pueda afectar al inmueble objeto de su declaración o los derechos constituidos sobre él, así como la posesión material del mismo.
Es necesario que el notario observe el cumplimiento de ciertos requisitos para efectos de extender la escritura pública:
La redacción del instrumento será en el idioma castellano. Si alguno de los comparecientes no lo conoce muy bien, será asesorado por un intérprete que también firmará la escritura. Sin embargo, la Constitución Política en su artículo 10 prevé que "las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios", norma que nos permite plantear un interrogante acerca de la constitucionalidad del artículo 16 del estatuto notarial, que no dice nada acerca de las notarías ubicadas en territorios con lenguas oficiales distintas al español.
Se extenderán por medios manuales o mecánicos, con la posibilidad de ser impresas de antemano para llenar los claros con los datos del acto o contrato que se va a celebrar. Es preciso aclarar que el único soporte legal de las escrituras públicas es el papel. La legislación colombiana no reconoce la escritura pública digital, aunque si pueden existir copias digitales de la misma. Pero la escritura matriz siempre debe existir en papel notarial. Este requisito aparece en el artículo 20 del estatuto notarial, que habla de papel "autorizado por el Estado".La ley 39 de 1981, en su artículo 3, dispuso que el gobierno estableciera para el servicio notarial la utilización de sus actuaciones de un papel de seguridad, cuyas características determinaría la Superintendencia de Notariado y Registro. El fin del papel notarial, según dicha norma, es garantizar la correcta conservación de los archivos notariales. En la Instrucción Administrativa 20 de 15 de julio de 1994, la Superintendencia estableció las características de seguridad del papel notarial. Es costumbre que las diferentes asociaciones de notarios colaboran con sus miembros en el suministro del papel, lo anterior sin perjuicio de la facultad del notario de contratar independientemente la fabricación y suministro del papel, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas señaladas por la Superintendencia.
No se dejarán claros o espacios vacíos ni aún para separar las distintas partes o cláusulas del instrumento. Tampoco se usarán en los nombres abreviaturas o iniciales. La práctica de no dejar claros o espacios vacíos, se ha extendido a otros documentos, como los contratos (públicos y privados)
Las cantidades y referencias numéricas serán anotadas en letras y entre paréntesis se expresarán las cifras correspondientes. En caso de diferencia entre una y otra, prevalecerá lo escrito.
En cuanto al precio o la estimación del valor de los bienes o derechos objeto de las declaraciones se expresarán en moneda colombiana, en el evento en que se refiera a moneda extranjera, deberá establecerse su equivalencia en moneda nacional según las normas vigentes sobre el particular
Para el original de las escrituras se usará el papel de seguridad cuyas características contempla la Instrucción Administrativa 20 de 15 de julio de 1994. Sus hojas deben estar numeradas y al final del instrumento se indicaran el número de hojas utilizadas
La escritura se distinguirá con el número de orden que le corresponda, expresado en letras y cifras numéricas. Serán numeradas de manera ininterrumpida en orden sucesivo durante cada año calendario. Debe anotarse el lugar en el que se otorgó la escritura, el nombre y los apellidos del notario o quien haga sus veces, y el círculo notarial.


Otorgamiento
El proceso de otorgamiento, como ratificación formal del consentimiento, está descrito por el estatuto notarial, entre los artículos 35 al 39. Esta etapa implica la comparecencia de los intervinientes, que deben leer el documento o solicitar al notario que lo lea en voz alta. Por supuesto, con esta lectura se pretende garantizar que los otorgantes conozcan lo que firman, por lo cual en esta etapa pueden aclarar, modificar o corregir lo pertinente hasta estar conformes con el contenido del texto. La ley prevé que los discapacitados pueden otorgar escrituras, por ejemplo, los sordos que sepan leer y escribir, y los ciegos pueden hacerlo siempre y cuando sea el notario quien lea la escritura. Se anota que en 2006, una sentencia de la Corte Constitucional abrió el camino para que personas con discapacidad auditiva puedan ejercer la función notarial, lo que no estaba permitido por el estatuto vigente.
En el proceso de otorgamiento, el notario ejerce su función de asesoría y consejo (art. 7, estatuto notarial), al hacer a los otorgantes las advertencias del caso, en especial lo relativo al deber de inscribir una copia de la escritura en el registro correspondiente (de instrumentos públicos, mercantil, de naves, de aeronaves), dentro del término legal. Valdría la pena tener estadísticas sobre las escrituras que, debiendo ser inscritas en algúno registro, no llegan a serlo, y las causas que hacen que eso pase. De nuevo, se insiste en la importancia del rol del notario en el funcionamiento de la economía de mercado, en este caso, en la titulación de la propiedad, que no se formaliza hasta su inscripción en el registro respectivo. En los casos de constitución de sociedades, en muchos países (entre ellos Colombia) el notario, durante el otorgamiento, presta el servicio de acceso a los registros mercantiles en línea, para que los otorgantes verifiquen que el nombre que tendrá su sociedad no ha sido tomado por otra ya existente. Para ofrecer mayor seguridad jurídica, sería conveniente garantizar a los notarios el acceso remoto al registro inmobiliario, para que puedan constatar la situación real de los derechos objeto de transacción, y así llegar a una escritura pública con un contenido preciso y que sea conforme a la situación jurídica objetiva del derecho, lo cual, se debe reconocer, no es siempre el caso. Por supuesto, el acceso por vía electrónica a los registros implicaría un estado del arte tecnológico del cual, en 2006, carecen la mayoría de los registros públicos en Colombia, sin perjuicio de los importantes avances hechos en ese sentido.

En general, las advertencias que debe hacer el notario varían según el tipo de negocio que se celebre. Así, en la escritura de transferencia de dominio de un bien inmueble sometido a propiedad horizontal, el notario exigirá paz y salvo de las contribuciones a las expensas comunes expedido por el Representante Legal de la copropiedad, documento que también se conoce como paz y salvo en las cuotas de administración.
Si no se aporta este documento, el notario dejará constancia en la escritura de esta circunstancia, de la respectiva solicitud presentada al administrador de la copropiedad y de la solidaridad del nuevo propietario por las deudas que existan con la copropiedad.
La etapa del otorgamiento concluye con la firma de los otorgantes y de los intervinientes, o la huella dactilar como requisito supletorio de la firma. La ley no exige que concurran la firma y la huella, en las escrituras o en las autenticaciones, a pesar de que algunos notarios, por desconocimiento de las normas más elementales de su profesión, lo hayan convertido de facto en un requisito para el otorgamiento. Debe quedar claro que la sola firma no exige la huella, y que ésta la ley la usa como supletoria, en casos especiales. Es más, la ley prevé la firma al ruego, lo que hace aún más innecesaria la huella digital. Por supuesto, la escritura pública que no contenga los requisitos ya mencionados para tener reemplazada la firma del otorgante, será nula desde el punto de vista formal.
Acto seguido, el instrumento debe ser firmado, numerado y fechado en el mismo acto. Sin embargo, el notario puede aceptar su otorgamiento en diferentes momentos sin que por esto se afecte su unidad formal. En este caso, la escritura será numerada y fechada con la firma del primer otorgante y una vez sea firmada por los demás comparecientes, el notario procederá a autorizarla. Los efectos de la escritura se retrotraen al momento de la primera firma. Si transcurridos dos meses desde la fecha de la firma del primer otorgante, no se ha presentado otro compareciente, el notario anotará lo acaecido en el instrumento y dejará constancia de que por tal motivo se abstiene de autorizar el instrumento.
La fecha de firma del instrumento tiene importantes efectos jurídicos, de ahí que una escritura sin fecha sea nula, según el artículo 99 de nuestro estatuto notarial. Para finalizar lo relativo al otorgamiento, después de la lectura del instrumento y justo antes de la firma, los comparecientes tienen la oportunidad para modificar, aclarar o corregir lo que consideren.


Autorización
Transcurridas las etapas anteriores, el proceso culmina con la autorización de la escritura pública. Es el momento en el que el notario luego de verificar que el documento consigne lo declarado y aprobado por las partes, que cumpla con los requisitos legales necesarios y que se hayan presentado los respectivos comprobantes fiscales, firma en muestra de la fe que le imprime al instrumento.
Es posible que el notario autorice varias escrituras en un mismo día relacionadas con un mismo bien inmueble, esto, siempre y cuando no sean contrarias a la ley. El servicio notarial es rogado, y por ende, el notario realizará tantas actuaciones como sean necesarias y solicitadas por los interesados, siempre y cuando puedan llevarse a cabo por su ajuste a la ley
Sin embargo, el Estatuto Notarial le otorga al notario la posibilidad de abstenerse de autorizar el instrumento cuando observe que éste es nulo, que falten los comprobantes fiscales o cuando no se hayan cancelado los respectivos derechos notariales.
El instrumento que no haya sido autorizado por el notario no adquiere la calidad de escritura pública, y por ende, será inexistente. Otras legislaciones disponen que las escrituras defectuosas, por incompetencia del Notario o por otra falta en la forma, tendrán la calidad de documento privado, si estuviesen firmadas por los otorgantes.
Nuestro ordenamiento admite la posibilidad, en el evento en que sólo falte la firma del notario por causas diferentes a las que justifican abstenerse de autorizar, que la Superintendencia de Notariado y Registro disponga mediante resolución motivada que la persona que en ese momento ejerza el cargo, autorice la escritura. Es preciso recordar que recae sobre los notarios la responsabilidad de evaluar cada caso en particular para efectos de establecer si los documentos cumplen o no con los requisitos legales necesarios. Si el proyecto de escritura cumple con dichos requisitos, el notario deberá dirigir a la Superintendencia un certificado en el que comunique que el instrumento reúne dichos requisitos, salvo la autorización. Al igual, solicita la autorización de firma, explicando de manera breve los motivos por los que no fue firmado en su momento; dicha petición debe contener: número y fecha del proyecto escriturario, naturaleza del acto o contrato, y el nombre de los otorgantes.
Los documentos y la respectiva petición serán objeto de estudio por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia, que, si lo encuentra conforme a derecho, proyecta el acto administrativo para la firma del Superintendente, en el que se autorizará al notario suscribir bajo su responsabilidad los proyectos de escritura. En el evento en que el proyecto no reúna los requisitos, la Superintendencia denegará la petición mediante oficio motivado.